En el periódico Solidaridad Obrera nº348 (marzo-abril 2011) se incluye un artículo de Lluís Rodríguez, economista y miembro de ICEA, sobre la reforma lde pensiones que han pactado el gobierno, patronal y sindicatos oficiales. Dicha reforma, tal y como se expone en el artículo, es innecesaria y perjudicial para los intereses de los actuales y futuros pensionistas.
Se puede leer el artículo en catalán pinchando aqui, y la traducción al castellano a continuación:
Pacto social, recortes de pensiones e incremento de la pobreza
Lluís Rodríguez1
El reciente “pacto social” entre patronal, sindicatos oficiales y gobierno2 ha provocado un nuevo retroceso en los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. En este caso, el tema estrella es el recorte de las pensiones. Antes de entrar a valorar lo acordado por estos supuestos representantes sociales, es imprescindible contextualizar los motivos por los cuales se promueven este tipo de reformas que perjudican seriamente los estándares de vida de la mayoría de la población en España.
De entrada, como decíamos en otro artículo3, este tipo de reformas se aplican con un trasfondo de crisis económica y paro masivo, que parece justificar todo tipo de actuaciones por parte del gobierno. Si en el caso de la reforma laboral, el falso argumento esgrimido por los poderes empresariales y estatales es la necesidad de crear empleo fijo en un contexto de elevadas tasas de paro, en el caso de la reforma de las pensiones se insiste de nuevo, después de muchos años con la misma cantinela, en la inviabilidad futura del sistema de pensiones. El objetivo de la patronal y el gobierno es evidente: aprovechar la coyuntura para imponer el máximo de ajustes posibles contra la clase trabajadora, con el objetivo de recuperar la rentabilidad perdida y someter más las rentas salariales a la vez que a todos los trabajadores y trabajadoras.
¿Pensiones públicas inviables?
Las pensiones públicas no están en peligro y no existe razón técnica para promover el tipo de reformas que se están aplicando. Dicho de otra forma, las pensiones públicas están en peligro cada vez que se plantean reformas como las pactadas recientemente. Es conveniente pues observar como se ha urdido por los medios de comunicación un discurso deliberadamente alarmista sobre los “drásticos descensos del superávit” o el “desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social”. Sin embargo, las cuentas de la Seguridad Social continúan con superávit, concretamente en 2010 el superávit fue de 11.100 millones de euros. Si bien es cierto que existen factores que en un futuro pueden condicionar la evolución negativa de dichas cuentas, el análisis de estos factores está totalmente sesgado por los intereses empresariales de la banca, tal como han demostrado muy eficientemente economistas como Albert Recio4, Daniel Albarracín5, Juan Torres6, Vicenç Navarro7, Miren Etxezarreta8 o Josep Gonzalez Calvet9. Dichos economistas en sus artículos e informes refutan la centralidad de las tesis de envejecimiento de la población y la disminución de cotizantes como justificaciones para recortar el gasto en pensiones. Para ello introducen otros elementos de análisis como la movilidad laboral, las previsiones de crecimiento de la productividad por trabajador, que compensarán el incremento de pensionistas, las previsiones de crecimiento del PIB que facilitará su distribución para pensiones, la eventual necesidad de incrementar los salarios, las cotizaciones y/o el gasto en pensiones respecto al PIB como hacen otros países europeos, así como la posibilidad de buscar vías alternativas de financiación mejor redistribuidoras para con la clase trabajadora, como impuestos a los empresarios y ricos.
Además, una crítica reciente a las posiciones adoptadas por el gobierno y los sindicatos oficiales respecto a las pensiones, se evidencia con la publicación, casualmente tardía, por parte del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de un estudio del citado economista Josep González Calvet10, el pasado 10 de Febrero de 2011 (unos pocos días después de la firma del acuerdo sobre las pensiones). En este estudio donde se analizan las posibles proyecciones demográficas y de la propia economía española a largo plazo, se plantea que es factible equilibrar el sistema de protección social incrementando las cotizaciones cuando sea necesario. Así pues, como dice el autor, para la hipótesis más probable de evolución demográfica y fase del ciclo económico en la década crítica (2050), el tipo de cotización “solo” debería aumentar hasta el 66% en esa década. Para la hipótesis más optimista bastaría con que aumentara hasta el 45%. Con posterioridad, estos tipos descenderían en los dos últimos casos al 57% y al 37% respectivamente11. En este sentido, dentro de las hipótesis del estudio de este economista se contempla mantener constante la distribución de la renta (salarios/beneficios empresariales) que si variara a favor de los salarios, es decir que estos incrementaran respecto a los beneficios, no sería necesario un incremento tan grande de las cotizaciones sociales. En todo caso un incremento gradual de las cotizaciones se vería compensado por el incremento de la productividad estimada, siendo plenamente asumible por la propia economía española. Asimismo González Calvet apunta que una política laboral que propicie la precariedad, los bajos salarios y un crecimiento de la remuneración salarial real menor que la productividad es incompatible con la viabilidad del sistema público de pensiones. Por último concluye que otros modos de reequilibrio del sistema de protección social que supongan la reducción de las prestaciones o de la tasa de sustitución prestación/salario incrementarán de forma drástica el nivel de pobreza. Según este economista (ver nota 9) si se reduce la pensión entre el 40% y 50%, necesario para equilibrar el sistema, la pobreza entre la gente mayor aumentaría hasta un intolerable 50%, es decir, una de cada dos personas mayores sería pobre. Ésta es precisamente la opción que han escogido los firmantes del reciente “pacto social”, olvidándose de todo lo demás, premeditadamente y en beneficio de los capitalistas.
La reforma laboral como antesala de la reforma de pensiones
La recientemente impuesta reforma laboral (35/2010 de 17 de septiembre) tiene la particularidad de facilitar el despido, ya sea por la reducción de la indemnización por despido improcedente que pasa a generalizarse en los 33 días por año trabajado con 24 mensualidades, ya sea por las facilidades a la hora de despedir por causas económicas (20 días por año con 12 mensualidades) llegando a subsidiar el Estado dichos despidos hasta con 8 días por año. Asimismo dicha reforma, al facilitar el despido, va a promover la equiparación de la contratación fija con la temporal por lo que presumiblemente entremos en una tendencia aún mayor de rotación contractual en el mercado de trabajo. Conviene no olvidar que los contratos que se han firmado en los últimos años son temporales en un 90% de las ocasiones. Las vías que se abren son precisamente generalizar períodos de destrucción de empleo fijo, creación de empleo temporal, sometimiento al paro de larga duración, períodos de subempleo, etc. Está dinámica perversa de discontinuidad en las trayectorias laborales, trasladada a las cotizaciones para las pensiones, supone una disminución drástica de la futura pensión pública. Si a esto le añadimos que dicha dinámica se está extendiendo a los trabajadores y trabajadoras de todas las edades, no solo a los y las jóvenes, y que la tendencia salarial es a disminuir frente al incremento de los beneficios empresariales, tenemos todos los ingredientes para que la estructura del mercado de trabajo juegue un papel fundamental en la determinación de las futuras pensiones de miseria. El reciente “pacto social” ha finiquitado el debate de la reforma laboral y en consecuencia ha rematado el impacto destructivo contra la clase trabajadora de la reforma de pensiones.
Reforma de pensiones 2011: objetivos y consecuencias
No contentos con lo anterior, la patronal y el gobierno han planteado una reforma de pensiones pactada con los sindicatos oficiales CCOO y UGT donde, entre otras medidas, los trabajadores tendremos que cotizar 38 años y medio (frente a los 35 de ahora) para jubilarnos a los 65, algo prácticamente imposible por la situación de temporalidad y precariedad actuales, cosa que significará jubilarse a los 67 para tener derecho a la pensión máxima, que es la otra opción que se nos ofrece12. Asimismo se computarán los últimos 25 años de vida laboral para calcular la pensión, frente a los 15 últimos de ahora.
Tanto aumentar la edad de jubilación como incrementar los años para calcular la pensión suponen un claro ataque a los derechos conseguidos como trabajadores a lo largo de décadas de lucha: la primera opción supondrá dos años menos de pensiones trabajando dos años más (o lo que es lo mismo: una pérdida de cuatro años), además de dificultar la entrada a los jóvenes al mercado de trabajo; la segunda provocará que se incluyan muchos tramos de trayectorias laborales discontinuas rebajando la pensión ultima.13
Si tenemos que hablar de los efectos últimos de esta reforma de pensiones, que no son más que los verdaderos objetivos que las promueven, éstos se pueden sintetizar en dos aspectos. Por una parte los poderes estatales y empresariales persiguen la reducción drástica de la cuantía de las pensiones públicas como forma de atenuar los déficit de las cuentas del Estado a la vez que cargan estas reducciones a las rentas salariales pagadas por cotizaciones y devueltas a la jubilación (salarios diferidos). Por otra parte se pretende forzar la situación para promover la privatización de las mismas (independientemente de que se incentiven por otras vías las privadas). En la medida que la clase trabajadora vea que la pensión pública que le queda es muy baja, se planteará hacerse planes de pensiones privados. Es por esa vía lenta por la que el capital financiero puede hincar el diente a una masa importantísima de capital que estaba “fuera de mercado” en manos de la Seguridad Social y el Estado. El incentivo de las pensiones privadas perjudica también a las pensiones públicas porque las desgravaciones fiscales a ellas aparejadas suponen una merma en los ingresos públicos que podría revertir en el sostenimiento de las pensiones -o de cualquier otro mecanismo de protección social-. Asimismo no podemos olvidar que las pensiones privadas de momento son las que han demostrado estar más en crisis que ninguna otra, ofreciendo rentabilidades más bajas que la deuda pública en muchos casos y siendo únicamente rentables para las instituciones financieras que las promueven.
Es en este contexto, de aplicación de políticas públicas que solo benefician a la patronal y al capital financiero, donde los y las trabajadoras debemos señalar a los culpables (Gobierno y Patronal) y cómplices (CCOO y UGT) y responder a las agresiones con mayor contundencia. La defensa del sistema público de pensiones tiene que ser el primer paso para evitar que seamos pisoteados y empobrecidos para que gentuza que se dedica a gobernarnos, “representarnos” y someternos vivan en la abundancia. Asimismo es indispensable caminar hacia un sistema de seguridad social comunitario y autogestionado, alejado de los vaivenes político-estatales y de los intereses de los empresarios. Solamente mediante la lucha por el cambio social podremos mantener una vida digna en lo moral y lo material.
Notas:
1 Economista y estudiante de postgrado en Trabajo y Politica Social. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión – ICEA. Agradezco los comentarios de los compañeros de ICEA al artículo.
2“Acuerdo Social y Económico. Para el crecimiento el empleo y la garantia de las pensiones”, de 2 de Febrero de 2011. Consultable en http://www.la-moncloa.es/docs/Acuerdo.pdf
3Rodríguez, Lluís. “Contrareforma del mercat de treball a Espanya: una anàlisi econòmica i laboral”. Solidaridad Obrera, nº347 de Gener-Febrer de 2011.
4Recio, Albert. “Envejecimiento, pensiones: contra el reduccionismo neoliberal” en Mientras Tanto electrónico. Consultable en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=116200
5Albarracín, Daniel. “Las pensiones, entre el presente y el futuro”. Periódico CNT, nº 375 (Febrero 2011) y nº376 (Marzo 2011).
6Torres, J; Navarro, V. “La propuesta de los 100 economistas sobre las pensiones. Errores, medias verdades y silencos al servicio de la banca” ATTAC. Consultable en http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2010/11/pensiones100attac.pdf
Navarro, V; Torres, J; Garzón, A. “¿Estan en peligro las pensiones públicas?” ATTAC. Consultable en http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2010/03/navarrotorresgarzon_pensiones.pdf
7Se pueden consultar varios artículos en su web: http://www.vnavarro.org/?lang=es&s=pensiones
8Ver, Etxezarreta, Miren [et al.] Qué pensiones, qué futuro. El Estado del bienestar en el siglo XXI. Icaria editorial, 2010.
9“Notes sobre el sistema de pensions”, consultable en http://altersocialismo.wordpress.com/2011/01/31/notes-sobre-el-sistema-de-pensions-gonzalez-calvet/
10González Calvet, J. “Demografía, inmigración y viabilidad del sistema de pensiones. Análisis y proyecciones para España”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 10 de Febrero de 2011. Consultable en tres partes en la siguiente dirección: http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/144226.pdf /144227.pdf /144228.pdf. Ver pp. 132-133 para las citas.
11Siendo el tipo de cotización actual del 36'5%, según dicho estudio.
12Si hacemos un cálculo con los datos de los años cotizados por los trabajadores en la seguridad social, vemos como más de la mitad de los trabajadores tendremos que jubilarnos a los 67 años si queremos cobrar toda la pensión.
13Diferentes estimaciones evidencian que con esta reforma la pensión media se reducirá entre un 20% y un 40% por los motivos expuestos y por la pérdida general debida a la ampliación de los años para calcular la pensión puesto que existe un diferencial entre los salarios reales antiguos y recientes, como plantea el economista Ignacio Zubiri en el siguiente artículo:
