La PAH impulsa una batería de acciones para que el nuevo paisaje político refuerce el derecho a un techo digno
Por Carlos Macías Portavoz de la PAH
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha combinado desde el primer día la denuncia de la estafa hipotecaria con la acción directa y la propuesta de soluciones legislativas.
El primer intento de llevar a cabo un cambio legislativo fue la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la PAH en 2012. Ésta recogía las tres demandas de mínimos que pretendían abordar la emergencia habitacional: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y alquiler social. Es decir, liberar a las familias de la condena a una deuda de por vida y garantizar un hogar en alquiler social durante cinco años. Pese a tener un apoyo social aplastante, la mayoría absoluta del PP y el secuestro que éste sufre por parte de las entidades financieras, imposibilitó su aprobación
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Agotada la vía estatal hasta que unas elecciones generales cambiasen la correlación de fuerzas, necesitábamos llevar cambios a escala municipal y autonómica. A escala municipal impulsamos en Catalunya la moción para sancionar la vivienda vacía en manos de entidades financieras, con el objetivo de movilizar estas viviendas. Esta moción se respalda en la ley catalana de vivienda de 2007, que recogía esta medida pero que ningún municipio había llevado a cabo. Se aprueba en más de un centenar de ayuntamientos, pero son pocos los que se deciden a llevarla a cabo con determinación.
A escala autonómica nos planteamos promover iniciativas legislativas populares (ILP) en los parlamentos. Las PAH en Murcia lo intentan, pero su Cámara no se lo permite. En Catalunya cogemos el relevo e impulsamos la conocida como ILP Habitatge, que después de un esfuerzo colectivo titánico conseguimos, el pasado julio, que se aprobara por unanimidad en el Parlamento catalán. La que hoy es la ley 24/2015 recoge medidas para poner fin a las deudas de por vida, medidas de urgencia para parar los desahucios, incluidos los hipotecarios, el alquiler y la ocupación en precario, con la particularidad que hace asumir la responsabilidad a los grandes tenedores de vivienda. La ley también recoge medidas para garantizar los suministros básicos y medidas para movilizar la vivienda vacía.
Catalunya ha sido la primera ILP que se ha aprobado de todas las que están por venir en el resto de autonomías.
En medio de este proceso ha habido cambios en los gobiernos municipales, y en diferentes localidades las plataformas estamos participando en procesos de diseño de políticas públicas de vivienda a escala local, aunque todavía es pronto para juzgar el resultado.
Las nuevas elecciones generales abren otra vez la posibilidad de abordar el problema desde el ámbito estatal. Para ello, lanzamos la campaña Exigencias PAH con el objetivo de que el derecho a la vivienda entre en la campaña electoral. Interpelamos a todos los partidos para que se comprometan públicamente con las medidas que van a tomar y los tiempos en los que se va a legislar en los siguientes aspectos:
1. Mecanismos de segunda oportunidad.
2. Alquiler: reformas que den seguridad y estabilidad al alquiler como régimen de tenencia.
3. Vivienda garantizada: no desahucio de primera y única vivienda, así como obligatoriedad del gran tenedor de vivienda a hacer alquiler social frente al desahucio.
4. Parque de vivienda asequible: movilización de la vivienda vacía y ampliación del parque público de viviendas.
5. Garantizar los suministros básicos en todos los hogares.
No sólo pedimos una propuesta concreta en estos ámbitos, sino que la lógica que se aplique sea la de responsabilizar a los grandes tenedores y a las suministradoras que hacen negocio con un bien de interés general; es decir, poner fin a la transferencia de recursos públicos a empresas privadas, tal como hemos hecho con la ley 24/2015.
Con la citada ley también hemos generado herramientas para frenar a nuevos actores: los fondos de inversión conocidos como fondos buitre. Éstos han aterrizado en España para hacer negocio comprando viviendas a precio de saldo y continuar especulando con la vivienda. En este sentido, la ley 24/2015 impide reproducir el caso de Blackstone, que ha comprado la gestión de las hipotecas de Catalunya Caixa a precio de saldo, ya que a partir de ahora se otorga a las familias el derecho preferente a quedarse la vivienda por el mismo importe, lo cual frena la especulación y el negocio que han venido a hacer estos actores.
El efecto dominó de la ILP Habitatge en el resto de autonomías y las elecciones generales abren un nuevo ciclo que tenemos que aprovechar para llevar a cabo cambios a fin de garantizar el derecho a la vivienda.
