Publicado en Sare Antifaxista en origen. Por Endika Alabort Amundarain
Pese haber logrado el apoyo de más de 22.000 personas en la CAPV, la Renta Básica Incondicional no ha sido aprobada por el Parlamento Vasco. En un primer momento, me había imaginado que la razón principal era que la cámara legislativa vasca estaba al tanto del debate entre la Renta Básica y el Trabajo Garantizado, y antes de decantarse finalmente por una de las dos medidas, querían tener los pros y contras claros de cada propuesta. Ironías aparte, ojalá el debate hubiera sido ese; la realidad es mucho más miserable de lo que una cree.
Los argumentos utilizados para oponerse a la medida no es que hayan sido muy variados. Consideran el modelo actual “de éxito”. Esto me hace dudar de los datos que están manejando desde el Ejecutivo, o de los criterios que utilizan. El otro argumento es que ya existen herramientas que suplen el riesgo de pobreza (RGI, Ayudas de Emergencia Social, Ingreso Mínimo Vital…), y que lo que hay que hacer es mejorarlas. ¿Esto es así?
Es un hecho que el formato actual de ayudas sociales no tiene como objetivo sacar de la pobreza o de la exclusión social a las personas beneficiarias, pese a que así lo defina el decreto de turno. La RGI es una herramienta de control social, en la que toda perceptora es defraudadora en potencia, y es bajo ese prisma bajo el que se organizan todas las medidas. Ya lo analizó David Graeber en La utopía de las normas, bajo la frialdad de este tipo de entramados burocráticos hay un sesgo de dominación que unas clases ejercen sobre otras.
También podríamos hablar de la capacidad de las medidas actuales (o en reforma) para sacar a sus beneficiarias de la pobreza o de la exclusión social. El modelo vigente no deja de convertirse en ruedas para hamsters, repletas de trabas y requiebros legales que llevan a una esquizofrenia burocrática sin sentido, con unas comunicaciones y resoluciones escritas para juristas, dificultando poder comunicarse con la Administración. Sin olvidar que las personas que solicitan estas ayudas, o que las perciben, se ven obligadas a esperar: esperar por ser atendidas, esperar para recibir el visto bueno, esperar para recibir una denegación. La espera también es cuestión de clase, y no deja de ser una acción represiva por parte del estado.
No deja de ser algo a recordar que Milton Friedman, liberal defensor del libre mercado, economista de cabecera de Margaret Thatcher, Reagan y asesor de Pinochet, propusiera un impuesto negativo sobre la renta. Este impuesto consiste en un subsidio o renta garantizada para todos las ciudadanas sin ingresos, o con ingresos por debajo de algún nivel mínimo, que irá desapareciendo si la persona que lo percibe comienza a aumentarlos. El paralelismo con las medidas actuales en vigor es evidente.
¿Acaso la mayoría parlamentaria se atrevería a dejar estas herramientas de disciplinamiento social de las clases populares a cambio de otras que las ayudara a mantener un nivel de vida digno? Ni renta básica incondicional ni trabajo garantizado, porque ambas medidas pueden funcionar y conseguir sus objetivos, que es lo que no quieren: que deje de haber pobreza. Porque, con menor extorsión económica, ¿quién iba a trabajar en un curro de mierda por cuatro duros? Esta es la conclusión que extraigo de la votación de la ILP sobre la Renta Básica Incondicional.
