La ley orgánica de Seguridad Ciudadana propuesta por el ejecutivo, que sustituirá a la vigente Ley Corcuera, compuesta por 55 artículos, prevee una tipología de castigos administrativos desmesurados que atentan con el derecho mismo de reunión establecido en su Constitución Española, clasificando en infracciones muy graves, graves, con multas que en principio oscilaban en 600.000 euros para las mas graves.
La ley también prevee otro tipo de sanciones para aquellas que insulten a un policía o hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas.
El contexto subyacente a esta medida, por encima de los demas supuestos de hecho mencionados en la ley, han sido las múltiples concentraciones alrededor del Congreso , o los escraches a representantes politicos, a los que se pretende poner bajo medidas de control represivo.
Ante la oleada de protestas por parte de los partidos de la oposición, e incluso el mismo Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el cual mostraba su preocupación ante el atropello a los Derechos Fundamentales, entre ellos el Derecho a la Manifestación, se han rebajado las penas en algunos casos de la citada l
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