“Hemos tocado fondo, la recuperación empieza ahora”, vienen a decir los responsables políticos del Estado Español, todavía en el seno de la más grave crisis sufrida por el país en las últimas décadas.
Una crisis brutal que ha dejado un rastro de desolación: un 25,93 % de paro en el primer trimestre de 2014 (con lugares con cerca de un 40 %, como la localidad andaluza de Jerez), casi dos millones de familias con todos sus miembros desempleados, un descenso de la población activa en el año 2013 (que puede ir dando una pista de cuanta gente se ve forzada a emigrar para buscar trabajo en otro lugar) de 424.500 personas, cientos de miles de desahucios, más de 400.000 empleos desaparecidos en la Administración Pública en los últimos años, según un informe hecho llegar por el Gobierno a los inversores internacionales.
Y ya se apuntan nuevos recortes. Al tiempo que se escriben estas líneas (23 de julio de 2014), el Gobierno español anuncia una nueva ronda de ajustes a llevar a efecto por parte de las Comunidades Autónomas. Mientras se prepara otra oleada de privatizaciones y despidos, los medios de comunicación nos aclaran que el Estado sólo ha recuperado un 4 % del dinero de todos los contribuyentes que dedicó en los últimos años a salvar a la banca privada.
Es el resultado de la mayor burbuja inmobiliaria de la Historia de España. Al hilo del proceso de financiarización de las economías puesto en marcha en las últimas décadas, para tratar de salvar al Capital de sus propias contradicciones, el Estado Español procedió a especializarse en la construcción, y a diseñar su legislación y sus políticas públicas para hacerlas funcionales a las necesidades del flujo transnacional de capitales que alimentaba el negocio inmobiliario.
Se trataba de atraer Capital, en el mercado global, y principalmente europeo, que permitiera generar un proceso de crecimiento basado en lo que diversos autores han llamado el “keynesianismo del precio de activos” (LOPEZ, ISIDRO Y RODRIGUEZ EMMANUEL, 2010). Un supuesto círculo virtuoso en el que el aumento del precio de las viviendas, provocado por la especulación urbanística y favorecido por políticas públicas “amigables”, operaba como garantía del crédito concedido por las entidades financieras para desarrollar el consumo creciente de la población y la inversión en nueva vivienda construida.
Mediante este mecanismo, para 2007, cuando empieza a desatarse la crisis, la riqueza nominal de los hogares españoles (aunque, obviamente, no bien repartida) había alcanzado la cifra de 8 billones de euros (ocho veces el PIB del país). En los diez años precedentes, el valor y la cantidad de las propiedades de dichos hogares (principalmente activos inmobiliarios en una sociedad en la que las políticas públicas habían primado la propiedad de la vivienda habitual sobre el alquiler) se había multiplicado por tres en términos absolutos.
Pero esta aparente prosperidad, tenía los pies de barro, pues el consumo subía pero bajaban los salarios y se instalaba un mercado laboral dualizado (el 90 % de los contratos de trabajo que se realizaba cada año eran temporales) y tendencialmente precarizado. Entre 1995 y 2007 la deuda de las familias creció aún más que sus activos, pasando de 188.000 millones de euros a 933.000, un aumento de casi cinco veces. El 95 % de estas deudas se correspondían con préstamos concedidos por las entidades financieras, en su gran mayoría créditos hipotecarios para la compra de la vivienda habitual. En esos años, el crédito hipotecario concedido creció en cerca de tres veces su volumen de inicio y entre 1997 y 2005 se compraron y vendieron en España casi nueve millones de casas, un 40 % del parque nacional de viviendas. Si en 1995, la deuda representaba cerca del 62 % de la renta disponible de las familias, para 2008 superaba holgadamente el 130 %.
Por supuesto, esto no fue el resultado de ninguna “preferencia racial” o “cultural” por el endeudamiento, sino el resultado de una política pública y de una dinámica consciente de los principales actores empresariales (la gran banca y las constructoras e inmobiliarias) destinada a encontrar un nicho de valorización del capital patrio, tras el abandono de toda política industrial como exigencia de entrada en la Comunidad Europea. El recurso a la financiarización de las economías domésticas de todos (o la gran mayoría) de los españoles, mediante el crédito fácil (fundamentalmente con dinero de origen europeo), junto a las políticas marcadamente neoliberales, se correspondió con una constante disminución de la parte perteneciente a los salarios en la renta nacional, estuviera el partido que estuviera en el poder.
Esto se producía en el marco de una estructura política conformada por una “monarquía parlamentaria” regida por la Constitución de 1978, aprobada en la llamada “Transición española”, que había consistido en un proceso de reformas que había llevado al país del régimen dictatorial franquista a una forma de democracia basada en un estricto bipartidismo, semejante al existente a inicios del siglo XX en la Restauración Borbónica previa a la Segunda República, en el que las dos principales formaciones (Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular) se turnaban en el poder y extendían sus tentáculos por todo el conjunto social, sin diferencias de práctica política realmente esenciales. El llamado “consenso” de la Transición (la narración mítica que hacía a una Constitución aprobada sin un llamado a Cortes Constituyentes ni discusión pública del articulado, y en una votación en bloque entre lo que se ofrecía y el puro franquismo, la clave de bóveda de la “reconciliación nacional” consistente en el abandono por parte de la izquierda de toda reivindicación de sus objetivos tradicionales a cambio de ciertas libertades cívicas) imponía un espacio público limitado, así como la férrea marginación de todo discurso antagonista.
En ese marco, subsistían las tensiones de tipo nacionalista en Euskadi y Catalunya, aunque sus principales partidos locales procedían también a actuar en ocasiones como “partidos bisagra” entre PP y PSOE, favoreciendo gobiernos centrales de distinto signo a cambio de leves avances en el autogobierno.
Todo ello favorecía una dinámica en la que florecía la corrupción de políticos y empresarios ligados al “ladrillo”. Los municipios sobrevivían mediante impuestos vinculados al crecimiento de la burbuja inmobiliaria, lo que generaba la emergencia de tramas ilegales de intercambio de “favores” entre los partidos políticos, las concejalías de urbanismo, los constructores y promotores y las entidades financieras. Dinámica corrupta que permeaba el conjunto de la estructura social y que se drenaba por los distintos niveles de la Administración Pública, desde los exministros que pasaban (y pasan) a ser consejeros en las grandes empresas, hasta los concejales locales que podían (y pueden) otorgar concesiones de obras, subvenciones o ayudas municipales.
Este escenario, de atonía social generalizada y marginación discursiva y práctica de los movimientos sociales, es el que procede a entrar en profunda crisis al hilo de la emergencia de la gran tormenta financiera y económica global de 2007.
La crisis se desata en España en toda su crudeza. La magnitud de la devastación es correlativa al tamaño de la burbuja. El crédito deja de fluir y las entidades financieras, gigantes con pies de barro, muestran unos balances tremendamente dañados por la morosidad hipotecaria, que va creciendo al tiempo que disminuyen los salarios, aumenta el paro, y se desploma el precio de las viviendas que había servido de colateral para las hipotecas.
En medio de un tremendo desbarajuste, y una explosión de la deuda pública, se procede a la nacionalización temporal y rescate con dinero público de las entidades bancarias más dañadas. Para ello, junto a la utilización de avales públicos y ayudas directas para la banca, se acepta una línea de crédito de la Unión Europea, por un montante de 100.000 millones de euros, de los que se usaron más de 45.000. Nadie da dinero gratis, y las contrapartidas en términos sociales fueron tremendas: cierre y privatización de hospitales y centros de salud, despido de profesores, congelación del sistema de atención a la dependencia, descenso de los montantes dedicados a políticas destinadas a la igualdad de género de más de un 56 % desde 2008. Además, la dependencia del euro, sostenido en niveles altos por un Banco Central Europeo dominado por los intereses germánicos, impide toda política monetaria coherente, lo que lleva al establishment a intentar la llamada “devaluación interna” , consistente en la bajada acelerada de los salarios, confiando en que los precios sigan el mismo camino y se recupere competitividad internacional.
El mercado laboral es virtualmente dinamitado por la explosión del paro, que se descontrola (más de un 70 % de paro juvenil en la ciudad de Ceuta, situada en el Norte de África), por dos reformas de la legislación laboral que constituyen auténticas revoluciones en el Derecho del Trabajo español ( descomposición del modelo de relaciones laborales y de negociación colectiva previos, otorgando primacía a la voluntad empresarial en las condiciones de trabajo y facilidades de despido a los empresarios) sin otra idea que la de resolver la extrema dualización, entre precarios y fijos, del mismo, por la vía de la precarización generalizada.
Las consecuencias sociales son brutales, y alcanzan la condición de auténtica emergencia entre ciertos sectores de la población: aparecen casos de desnutrición entre los niños de las escuelas catalanas, los desahucios se vuelven masivos, y miles de personas, que antes se creían en el corazón del “Primer Mundo”, tienen que recurrir a los Bancos de Alimentos.
Las resistencias.
Pero, pese a la atonía social y la marginación de la izquierda transformadora en las décadas transcurridas desde la Transición (años setenta), las resistencias terminaron por aparecer, y acabarán marcando la deriva política de un régimen que empieza a dar muestras de agotamiento.
En 2010, el inicio de las políticas de ajuste por parte del Gobierno de ese momento (el del socialista Zapatero) es saludado con una espectacular, y hasta cierto punto exitosa, huelga de los trabajadores del Metro de Madrid (donde tiene una fuerte presencia el anarcosindicalismo) y por una Huelga General convocada por las principales organizaciones sindicales. Poco después, estas mismas organizaciones colaboran en la puesta en marcha de una reforma regresiva del sistema de pensiones, lo que empuja a una situación de desaliento que solo será superada, en mayo de 2011, por la sorpresiva irrupción del Movimiento 15-M.
El 15 de Mayo de 2011, tras una manifestación convocada por grupos juveniles de nuevo cuño violentamente disuelta por la policía, un grupo de manifestantes se niega a volver a su casa y acampa en la céntrica Puerta del Sol madrileña.
La cercanía de las elecciones locales (el 22 de mayo) y la rápida asistencia de los medios de comunicación, limitan la actividad represiva y miles de personas, siguiendo el ejemplo de lo sucedido poco tiempo antes en las plazas de las ciudades del Norte de África, se agolpan en Sol. Se levantan tiendas de campaña y tenderetes improvisados, y se inician asambleas públicas a las que están invitados todos los ciudadanos.
En pocos días, y pese a los intentos de reprimir lo que estaba sucediendo, que no hacen más que galvanizar la voluntad de la multitud, las cientos de miles de personas que hacen suya la Plaza y se manifiestan reiteradamente desatan un proceso de una creatividad incontenible. La gente vuelve a hablar de política en las calles, en los autobuses, en los centros de trabajo. Se organizan asambleas de barrio y de localidad por toda la geografía hispánica y colectivos específicos dedicados a las más variadas labores (promoción de la huelga general, política a largo y a corto plazo, educación, sanidad…)
El movimiento provoca una fuerte conmoción en la visión del mundo generalizada en la sociedad, y los movimientos sociales salen enormemente fortalecidos, en relación a la situación anterior.
Movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), formado por activistas por el derecho a la vivienda y personas que, de manera masiva, están siendo desahuciadas de sus hogares por las entidades financieras. La explosión del paro y la rebaja de salarios dejan a mucha gente sin casa, con la particularidad de que la legislación española, especialmente favorable, como ya dijimos, a los intereses de los especuladores, implica que, incluso producida devolución de la vivienda al banco y su subasta judicial, el hipotecado sigue debiendo la cantidad que no haya sido satisfecha. La PAH se organiza por toda la geografía española, y lanza campañas de alto impacto mediático, como la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular ante el Parlamento (que será rechazada en sus elementos esenciales por este último) que termina con una sucesión de escraches a los diputados que será respondida por el establishment con una decidida dinámica criminalizadora.
Movimientos, también, como las llamadas “Mareas”, formadas por trabajadores de los servicios públicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.) y usuarios de los mismos, en contra de las privatizaciones y en defensa de los bienes comunes de los que está siendo desposeída aceleradamente la sociedad española, en cumplimiento de las “reformas” y los “ajustes” impuestos por la llamada Troika comunitaria.
Iniciativas como las que se articulan en torno de las convocatorias de Huelgas Generales (escasas, por otra parte, en comparación con otros lugares de Europa también afectados brutalmente por la crisis, como Grecia, dada la pasividad del sindicalismo mayoritario), y que tratan de ensayar una movilización que vaya más allá de lo laboral y lo sindical (aun incluyéndolo) intentando desarrollar técnicas como la huelga de consumo o la actuación con una clara expresividad barrial y territorial.
La explosión de las asambleas locales y de los colectivos de todo tipo, permite, también, una diseminación social acelerada de las ideas de autogestión y auto-organización. Proyectos cooperativos, comedores populares, redes de consumo, y todo tipo de iniciativas autogestionarias se expanden por todo el cuerpo social, con una dimensión, que aún limitada, no había sido vista en los años transcurridos desde la Transición.
Todos estos proyectos encaran una represión creciente, que se expresa en una dinámica legislativa que impone una clara deriva autoritaria en lo referente a las libertades civiles. Las leyes son modificadas para endurecerlas. Se ponen en marcha proyectos como el de Ley de Seguridad Ciudadana que incorpora multas administrativas, marcadas por el principio de veracidad de la palabra policial, para gran parte del repertorio de actividades que se llevan a cabo en las protestas; o la modificación del Código Penal, que conlleva nuevas medidas de seguridad y delitos, así como una regulación claramente regresiva del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, fuertemente contestada por el movimiento feminista. Los activistas son encarcelados preventivamente, más de 300 sindicalistas acumulan cientos de años de condena carcelaria por actividades realizadas durante las huelgas generales, las denuncias por malos tratos y agresiones policiales arbitrarias a manifestantes y detenidos se multiplican, mientras las fuerzas de seguridad del Estado intentan normalizar cosas como los interrogatorios de detenidos con pasamontañas o la denuncia pública y judicial de que los abogados de los manifestantes les aconsejan no declarar en comisaría.
Lo institucional y los movimientos.
Sin embargo, hacia mediados de 2013 el cansancio de los y las activistas se hace sentir, y una cierta narrativa de desánimo empieza a cundir entre quienes ven que las continuas movilizaciones no dan el resultado que, de una manera tal vez ilusoria, se esperaba. Décadas de anomia social habían generado una despolitización tal de la población que lo cierto es que mucha gente pensaba que la simple reiteración de algunas manifestaciones masivas bastaría para que el régimen tirara la toalla. Ahora les parece sorprendente que, aún acosado, debilitado, y expuesto a un nuevo “sentido común” general se acantone en sus palancas de poder real casi intactas, y en las políticas de ajuste impuestas por las oligarquías financieras transnacionales.
Ante estas circunstancias se popularizan las tentativas de realizar lo que se denominará como un “asalto institucional” en relación con los movimientos.
Inspirados por el ejemplo de las perspectivas “bolivarianas” en América Latina, numerosos grupos y sectores más o menos ligados a las protestas tratan de generar un frente electoral general que acumule la potencia de una alianza social mayoritaria que permita poner fin a las medidas neoliberales. La narrativa esencial vira desde el “No nos representan” de las Plazas del 15 de mayo, a la búsqueda de mecanismos de confluencia entre actores políticos de la izquierda parlamentaria y determinadas áreas del movimiento.
Esta deriva muestras dos ámbitos tácticos diferenciados, pero cada vez más confluyentes: el municipalismo y la construcción de nuevas formaciones o alianzas políticas capaces de romper con el bipartidismo PP-PSOE.
El municipalismo proviene de sectores directamente ligados a los movimientos, que ven la posibilidad de incidir en el ámbito local para cortocircuitar los procesos de reproducción de las dinámicas de financiarización y de desposesión. Con perspectivas ideológicas que guardan fuertes resonancias con las tradiciones del llamado republicanismo federal de antes de la Guerra Civil, que fue una de las bases nutrientes de los inicios del anarquismo español, el municipalismo es principalmente intentado en inicio y de hecho por las llamadas Candidaturas de Unidad Popular (CUP) catalanas, con un discurso volcado en el independentismo y una marcada identidad ideológica radical. En Madrid, sin embargo, las tendencias municipalistas se nutren principalmente de activistas provenientes del llamado “movimiento autónomo” de los años 90, nucleados en torno a iniciativas como el Observatorio Metropolitano o la Fundación de los Comunes, que tratan de confluir con otros sectores y con candidaturas locales de poblaciones del extrarradio.
El municipalismo alcanza una nueva popularidad con la proximidad de las elecciones municipales previstas para 2015, y con el éxito del partido Podemos (del que hablaremos en breve) en las europeas de 2014. Nuevas plataformas como Guanyem Barcelona o Municipalia (para Madrid), tratan de construir ámbitos de confluencia ajenos al bipartidismo y con vinculaciones con los movimientos sociales para las elecciones locales. Ese proceso está todavía en desarrollo en el momento en que se escriben estas líneas.
La perspectiva ideológica básica que alimenta a estas iniciativas, y que bebe de fuentes dispares como Murray Bookchin o Los Verdes alemanes, se podría resumir en este fragmento del texto “La apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano” del Observatorio Metropolitano (OBSERVATORIO METROPOLITANO, 2014):
“Actualizada a nuestro tiempo, la apuesta municipalista se comprende en una hipótesis que podríamos resumir de la siguiente manera: Si tomamos las instituciones que resultan más inmediatas a los ciudadanos, los municipios, y los convertimos en ámbitos de decisión directa, podemos hacer realidad una democracia digna de tal nombre. Bastaría con volver a instituir ámbitos de participación directa: nuevas ágoras ciudadanas con poderes y competencias reales. De acuerdo con este esquema, el prerrequisito esencial reside en el desalojo de la actual clase política. La primera tarea es pues de “limpieza”: hay que desalojar a los actuales oligarcas, acabar con la corrupción”.
Pero lo que realmente rompe el equilibrio pre-existente en los movimientos en dirección a la participación institucional es el inesperado éxito de la formación Podemos en las elecciones europeas de 2014, en las que, en el contexto de una enorme abstención, y con una subida generalizada de los partidos de izquierda, obtiene cinco escaños y más de un millón doscientos mil votos.
Podemos nace cuatro meses antes de las elecciones, de la alianza expresa entre un grupo de profesores-comunicadores, que habían conseguido recientemente un gran acceso a los medios de comunicación del mainstream como “representantes” de la protesta, y algunas formaciones y grupos, como el partido “post-trostkista” Izquierda Anticapitalista o el grupo Juventud Sin Futuro, uno de los convocantes de la manifestación del 15 de mayo de 2011.
Sus vínculos con las perspectivas bolivarianas de Latinoamérica son evidentes, incluso en las trayectorias profesionales de sus promotores, y su propuesta ideológica se afinca en un populismo democrático que rechaza las categorías tradicionales de izquierda y derecha y busca “nuevas formas de hacer política”, partiendo de un cierto hiperliderazgo de hecho (alimentado por la notoriedad mediática de sus portavoces) combinado con formas confusas de “protagonismo popular”, como los llamados Círculos Podemos, de matriz asamblearia, pero cuya capacidad real de toma de decisiones parece destinada a ser limitada, según los textos de debate organizativo adelantados por las estructura del partido, que pretenden fundamentarse más en formas de “democracia on-line”, aunque este extremo está aún en discusión en el seno de la formación.
Se trata de un partido de aluvión en el que están confluyendo muchos activistas sociales junto a gente anteriormente despolitizada y desencantada con los partidos tradicionales, y que parece destinado a aprovechar la creciente descomposición del bipartidismo con un discurso que remite, aunque no demasiado claramente, a la apertura de un proceso constituyente que de por finiquitado el régimen del 78.
Según su principal portavoz, el ahora eurodiputado Pablo Iglesias Turrión:
“Podemos es ciudadanía haciendo política. La política es demasiado importante para dejarla en manos de la casta, en manos de los que en última instancia se han convertido en mayordomos de los bancos (…) Podemos quiere ser eso, la política en manos de la gente normal. Podemos busca una representación trasversal, más allá de etiquetas (…) Nosotros hemos dicho que la dicotomía fundamental es entre la gente y la casta, entre oligarquía y democracia, entre la mayoría social y una minoría de privilegiados que están utilizando la política para defender sus ingresos. Por eso (…) no aceptamos las reglas de ese tablero político que juega con un concepto parlamentario como es el concepto de izquierda y derecha.” (RIVERO, JACOBO, 2014).
La irrupción de Podemos ha golpeado con fuerza al conjunto de los movimientos, creando la expectativa de un cambio social a corto o medio plazo, y provocando el éxodo de activistas a los Círculos de la organización, en un proceso que aún está en curso.
El movimiento libertario.
El anarquismo tiene una larga tradición en España. Fue la rama predominante del movimiento obrero hasta el final de la Guerra Civil, y vivió una cierta revitalización en los años de la Transición.
En medio del torbellino de la crisis, y de la emergencia de las movilizaciones que hemos narrado en este texto, el movimiento libertario ha jugado un papel no menor, pero, al tiempo, bastante ambiguo y confuso.
No hay duda de que los libertarios han participado de manera masiva y activa en las movilizaciones del 15 de Mayo y en las asambleas barriales posteriores, así como en las Mareas y en espacios como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Su influjo, además, ha sido muchas veces expreso, y muchos elementos de su discurso se han popularizado entre las gentes de la protesta, como las apelaciones al asambleísmo o a la autogestión. Las prácticas sociales de las asambleas populares, las oficinas de vivienda y los grupos de apoyo mutuo, han sido muchas veces de clara matriz libertaria, de manera expresa o aún sin saberlo, y las apelaciones a la conformación de un movimiento de “abajo a arriba” han sido la tónica general del discurso de las resistencias.
Pero en términos organizativos, el influjo del movimiento libertario ha sido mucho más modesto, lo que ha favorecido una tendencial hegemonía de otros actores organizados en el mismo.
Lo cierto es que la única influencia organizativa de los libertarios en las protestas se ha vivido por la vía del anarcosindicalismo. Ya en junio de 2011 las tres centrales sindicales de corte libertario (CNT, CGT y Solidaridad Obrera) iniciaron una experiencia de colaboración, a nivel de sus Comités Confederales, que no se había dado desde la Transición. Esta coordinación se mantuvo durante más de dos años, y permitió hace frente común en las huelgas generales y en conflictos laborales concretos, convocando manifestaciones y jornadas de lucha, así como erigiendo espacios locales como el del Bloque Unitario de Madrid, que arrastraron a una parte considerable del Movimiento 15-M.
Las tentativas de generar otro tipo de organizaciones se han multiplicado, estructurando finalmente espacios como el de la Federación de Estudiantes Libertarios (FEL) de reciente creación.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ámbito anarquista ha sido también un espacio excesivamente permeable a todo tipo de discursos, más centrados muchas veces en epatar a una audiencia burguesa, por la vía de decir cosas tremendistas, antisociales o pintorescas, que en organizar y empoderar a las clases subalternas. Eso ha dado cancha en el ámbito libertario a narraciones neoconservadoras, confusas y absolutamente alejadas de las necesidades materiales de los trabajadores, o incluso contrarias a ellas, como las de Félix Rodrigo Mora y sus partidarios, con amplio predicamento en los ambientes anarquistas hasta hace muy poco, que defienden la pasividad ante las privatizaciones de los servicios públicos y sociales en nombre de una supuesta pureza anti estatal.
La producción de literatura y reflexión anarquista ha sido también una constante de los últimos tiempos. Las librerías y editoriales se han multiplicado. Es de reseñar, por ejemplo, la vuelta a la actividad de Queimada Ediciones, una de las principales iniciativas de producción de libros de los años setenta, que ha reiniciado su andadura con textos como “Anarquistas Vengadores” de Fernando Barbero (una narración histórica sobre los atentados atribuidos a los anarquistas de principios del siglo XX) o “La autogestión viva. Proyectos y experiencias de la otra economía al calor de la crisis”, de quien escribe estas líneas: un texto que pretende presentar de manera divulgativa y clara las distintas experiencias autogestionarias que se han desarrollado en la estela del 15-M, así como plantear la vigencia de la autogestión como mecanismo de democracia económica y producción socialista para un mundo en crisis.
Mención aparte merecen los libros “Repensar la anarquía. Acción directa, autogestión, autonomía” de Carlos Taibo (TAIBO, CARLOS; 2013) y “Anarquismo es movimiento” de Tomás Ibáñez (IBÁÑEZ, TOMÁS; 2014) como tentativas de estructurar una respuesta discursiva del anarquismo a las actuales circunstancias desde los ejes del decrecimiento y el ecologismo (el libro de Carlos Taibo) o el post-estructuralismo (el de Ibáñez).
La nueva actualidad teórica del anarquismo está marcada también por cierta recuperación de perspectivas como las del llamado “plataformismo”, o por las tentativas de ciertos sectores de construir lo que empieza a denominarse como un nuevo “ecosocialismo libertario”, consciente de la crisis civilizacional en que vivimos y capaz de contribuir a la construcción de una alternativa socialista antidogmática, pero con capacidad de incidencia en la sociedad. Estas dinámicas no son excluyentes ni enfrentadas, sino jalones de una reflexión colectiva que empieza a desarrollarse según la acelerada dinámica de la confrontación social, tras el marasmo de los treinta años de burbuja, va haciendo estallar las costuras de un mundo libertario que se había afincado en la pasividad y el enfrentamiento mutuo.
Muchas puertas están abiertas en este momento. La situación es fluctuante y cambia rápidamente. En cuestión de meses, las tentativas organizativas y las reflexiones teóricas pierden actualidad. Pero la realidad es que el movimiento anarquista está tremendamente vivo y está acompañando las luchas generales de la población. Si puede ser útil e inspirador para éstas es algo que se verá en los próximos años. En nuestras manos está construir un nuevo socialismo “de abajo a arriba”, pero al tiempo capaz de hacer de las experiencias de auto organización social un auténtico poder popular dispuesto a ir más allá del capitalismo.
Aclaración: el presente artículo fue escrito durante 2014, pese al tiempo transcurrido consideramos su validez y amplitud como referencia para comprender el actual desenvolvimiento de la lucha de clases en España.
José Luis Carretero Miramar. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) – España.
Bibliografía:
IBÁÑEZ, TOMÁS (2014). “Anarquismo es movimiento”. Virus Editorial.
LOPEZ, ISIDRO Y RODRIGUEZ, EMMANUEL (2010). “Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)”. Traficantes de Sueños.
OBSERVATORIO METROPOLITANO (2014). “La apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano”. Traficantes de Sueños.
RIVERO, JACOBO (2014). “Conversación con Pablo Iglesias. Podemos, de la calle a Bruselas”- Turpial.
TAIBO, CARLOS (2013). “Repensar la anarquía. Acción directa, autogestión autonomía”. Catarata.
