Patricia Carlavilla me lo cuenta con tono decidido y valiente, un domingo de sopor otoñal en el corazón de la meseta castellana: “Lo que hicimos era el procedimiento habitual de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Acudir a una oficina bancaria a negociar. Parecía que las cosas estaban bastante bien, porque uno de los concejales del Ayuntamiento estaba ejerciendo de mediador y parecía que había atado un acuerdo. En un principio, Caixabank se había comprometido con el edil a que no se realizasen desahucios de familias con menores.”
Era diciembre de 2017. Las movilizaciones de la PAH se reiteraban por toda la geografía nacional y el movimiento de vivienda contaba con una simpatía difusa, pero masiva, entre el conjunto de la población española. Las activistas pretendían negociar para evitar el desahucio de Paola, que, junto a sus dos hijas menores, había recuperado una de las decenas de viviendas vacías que La Caixa tenía en el municipio de Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara.
Patricia y sus compañeras entraron en la entidad bancaria para terminar de atar lo ya negociado. “Para conseguir un compromiso por escrito”, nos cuenta Patricia. Pero todo empezó a torcerse. En el banco se negaron a plasmar por escrito el acuerdo alcanzado, poniendo todo tipo de excusas (“no os lo puedo dar por escrito, yo no puedo tomar esa decisión…”).
Las activistas se niegan a abandonar la sucursal sin el acuerdo y se sientan, pacíficamente, en el suelo. Llega la Guardia Civil. Las desaloja sin el más mínimo amago de violencia. Los propios agentes actuantes afirmarán ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara, posteriormente, “que no se enfrentaron de forma verbal ni violenta, que fue una resistencia pasiva.”
Sin embargo, Patricia y sus compañeras son detenidas, aunque no se les comunica su situación procesal hasta horas después de que son encerradas en los calabozos.
El Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalara se hace cargo del caso. Para Patricia “la instrucción es rara. Se toma declaración primero a los detenidos y sólo después a los agentes de la Guardia Civil y a los supuestos perjudicados”. La defensa de las activistas de la PAH solicita las grabaciones de las cámaras de la entidad bancaria como prueba de que no ha habido violencia alguna. Caixabank responde que “las grabaciones no se encuentran disponibles toda vez que fueron borradas al transcurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia”. ¡La entidad supuestamente perjudicada por un delito ha destruido voluntariamente las pruebas que probarían sin duda alguna ante el Juzgado que el delito ha llegado a cometerse! ¡Y ello, antes siquiera de entregar una copia al Juzgado! ¿Qué es, realmente, lo que se vería en esas grabaciones? ¿Cuál es el disvalor real para Caixabank de lo ocurrido, cuando no ha tomado siquiera la prevención de salvaguardar las pruebas en su poder?
Patricia Carlavilla es la portavoz de la plataforma formada en Guadalajara para mostrar la solidaridad vecinal y popular con “las 8 de Caixabank”. Ocho activistas de la PAH para las que la acusación particular de la entidad bancaria pide, con el apoyo de la Fiscalía, penas de hasta tres años y medio de prisión por persona. Para Patricia, “da la impresión de que las dilaciones que ha habido en la instrucción del procedimiento (en octubre de 2020 ya podía haberse abierto el juicio oral) van a permitir realizar un proceso ejemplarizante contra la PAH por algo que no ha sucedido. No se ha cometido ningún delito. La resistencia pasiva sólo puede ser objeto de una sanción administrativa.”
Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre el caso. Lo ha puesto como ejemplo de la deriva punitiva y autoritaria que se vive en nuestro país y de las crecientes limitaciones legislativas y judiciales a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muestra también su preocupación por la modificación anunciada del Código Penal que considerará delito la ocupación de domicilios, empresas y oficinas (entre otros) aunque estén abiertos y no se detecten actos violentos.
El caso de las 8 de Caixabank hay que analizarlo en su contexto: el que lo vincula con la condena desproporcionada a sindicalistas de la CNT de Xixón por realizar la actividad sindical propia de su organización; o el que lo liga al creciente vórtice de represión que anima el “populismo penal” de una legislación cada vez dura con los ilícitos de las clases populares, y cada vez más permisiva con la corrupción y degradación de la minoría poseedora de la riqueza producida socialmente. Entre la “doctrina Botín” y la criminalización de la protesta hay un hilo lógico llamado clase, hecho de impunidad para los ricos y penalizaciones extremas para los más.
Patricia Cardavilla lo tiene claro: “la PAH tiene una base muy clara de clase obrera. No se va a intimidar ni a coaccionar a las personas que están trabajando por el derecho a la vivienda. Es más bien un juicio político que algo que tenga que ver con delitos y víctimas.”
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara ha convocado una concentración en la ciudad en solidaridad con “las ocho de Caixabank”. El 26 de noviembre, a las 12.00 horas, en la calle mayor 24 de Guadalajara, la proverbial dignidad de las gentes de Castilla se dió cita para defender el derecho a la vivienda y la posibilidad de protestar en democracia.
