Las organizaciones sociales advierten que los fondos aumentan la presión en los alquileres para lograr mayores beneficios. En EE UU lo tienen más fácil que en España
A Paquita Rivas, jubilada y tranquila, la visitaron un día sin previo aviso todos los demonios. Fue el día en que la llamaron del banco y le dijeron más o menos esto: “Mire, usted avaló el piso de su hija y como no puede devolver la hipoteca, nos corresponde quedarnos también con el suyo”.
El piso de la hija era un habitáculo minúsculo de 30 metros cuadrados en Caldes d’Estrac, en la costa del Maresme (Barcelona), que en plena burbuja había costado 163.000 euros. En siete años, la hija, ahora con cuarenta y tres años cumplidos, había devuelto 74.000, pero perdió el trabajo y no pudo seguir pagando. Y Catalunya Banc llamó a la puerta de la madre: o se refinanciaba —con intereses desorbitados— o la caja nacionalizada y rescatada con fondos públicos amenazaba con quedarse el piso de la hija y el de la madre. Los traspasaba a Blackstone, claro, que a través de su filial Anticipa acaba de adquirir toda la cartera hipotecaria dudosa de la entidad.
“Un día una amiga me vio llorar y cuando le expliqué lo que sucedía me dijo: ¡Ve inmediatamente a la PAH!”. Y añade, con la sonrisa recuperada: “¡Con la PAH no ha podido ni Blackstone!”.
Una sentencia en primera instancia ha decretado que los intereses de demora que pretendían cobrarle son inválidos, por abusivos. Y que como Catalunya Banc no inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad las hipotecas de Catalunya Caixa, luego no puede instar la ejecución, una línea argumental que están explorando ya muchos abogados para enfrentarse a amenazas de desahucio promovidas por fondos buitre o entidades distintas a las que firmaron la hipoteca inicial.
Por si fuera poco, el nuevo marco legal catalán -tras el decreto-ley 1/2015, de medidas urgentes en vivienda, y la Ley 24/2015 surgida de la exitosa ILP que impulsaron el Observatori DESC y la PAH- es mucho más favorable al hipotecado en apuros al fijar, por ejemplo, el derecho de tanteo y retracto: si se aplicaba a este caso particular el mismo descuento con que Blackstone se quedó la hipoteca del piso de Caldes d’Estrac, resulta que éste ya estaba casi pagado. Y más: ahora también se exige que se dé la opción de alquiler social al potencial desahuciado, una gran munición para los activistas de la PAH. Éstos saben, además, que el mismo responsable del área inmobiliaria de Catalunya Caixa, que acumuló un gran agujero cubierto con dinero público, es ahora el primer ejecutivo de Anticipa.
Finalmente, la hija de Paquita pudo malvender el piso de Caldes d’Estrac por 65.000 euros (el 40% de la hipoteca inicial) y, tras pagar otras deudas, le quedaban 55.000 euros para saldar el expediente con Blackstone. Esto era todo. Ni un euro más, ni el piso de la hija ni el de la madre. Blackstone, con la ILP aprobada, aceptó, aunque fuera a regañadientes.
La nueva normativa en Catalunya y la fuerza de la PAH han complicado el plan de negocio de Anticipa, que está aceptando daciones en pago e incluso alquileres sociales en los casos que la PAH logra colocar en el foco mediático, como el de Jorge y María, los jubilados enfermos amenazados de desahucio por haber avalado a su hija. El mal trago desencadenó a Jorge una subida de azúcar que le hizo perder un ojo. En algún caso, Anticipa incluso ofrece el perdón de la deuda y dinero en efectivo —ha llegado hasta 10.000 euros— para que el inquilino se marche y poder colocar así el piso en el mercado cuanto antes para empezar a cobrar alquileres, a pesar de que la Ley 24/2015 le impone el alquiler social.
En Madrid, Fidere —que gestiona un parque ya exclusivamente en alquiler, procedente en buena medida de pisos de protección oficial— presiona a los morosos para que se marchen y ni siquiera les reclama la deuda pendiente para facilitar el cobro cuanto antes de rentas del alquiler. En dos años ha bajado la morosidad del 16% al 5%, un alarde de profesionalidad que significa necesariamente que un número importante de inquilinos que no podían pagar ya no están. A diferencia de Anticipa, que no asumió definitivamente la cartera hasta la pasada primavera, Fidere ha materializado ya 11 desahucios, alguno tan mediático como el de Wilson y su familia, con tres hijos y un bebé, el pasado enero.
GASTOS COMUNITARIOS
Fidere recalca que no ha modificado las condiciones de ningún alquiler y que ni siquiera puede hacerlo porque la ley se lo impide. Pero la PAH y otros grupos aseguran que hay múltiples fórmulas invisibles para hacerlo por la vía de los gastos comunitarios, y empujar al alza los precios, también con la llegada de nuevos inquilinos.
Esta ha sido la mecánica habitual en EE UU, que lleva algunos años de ventaja, según grupos activistas como Right to the City. Allí Blackstone asumió la gran mayoría de pisos ya vacíos y luego ha ido exprimiendo cada vez más los alquileres, forzando la marcha de los que no pueden seguir y sustituyéndoles por familias con mayores ingresos: “Si te retrasas sólo un día en el pago, arranca inmediatamente el proceso de desahucio, con multas enormes si quieres frenarlo”, asegura, por teleconferencia, Michael Donley, uno de los activistas más entregados en la causa contra Blackstone en Chicago.
Donley se instaló en un piso que llevaba años vacío y cuando Blackstone se lo quedó varios policías irrumpieron en la casa, pistola en mano, y le echaron, un desalojo que juzga ilegal y un atropello por el uso desmedido de la fuerza. Ahora aspira a demostrarlo en los tribunales, pero con independencia del litigio, lo sucedido le convertió en acérrimo militante contra “los abusos de Blackstone” y hasta fundó una organización, People Institute for Housing Justice, para arropar a los “acosados” por el gigante de Wall Street.
Las reticencias contra el modus operandi supuestamente agresivo de Blackstone empiezan a tener una base empírica por encuestas cualitativas entre inquilinos, realizadas en áreas de Los Ángeles, Riverside y Atlanta a iniciativa de Right to the City bajo supervisión académica (1). Un centenar de inquilinos de Invitation Homes, la filial de Blackstone para vivienda de alquiler, se avino a contestar una exhaustiva encuesta con más de 30 preguntas, en la que afloran quejas muy extendidas por cuestiones de mantenimiento, aumentos de precio, falta de flexibilidad para los pagos y dificultades para mantener conversaciones cara a cara, más allá del teléfono y la web. “A veces, por un fallo informático no se contabiliza un pago y a partir de ahí se forman auténticos líos”, asegura Donley.
La falta de trato en persona es también una queja común entre los hipotecados con problemas en España, que un día recibieron una carta informándoles de que su interlocutor ya no iba a ser Catalunya Banc, sino que a partir de entonces sería Anticipa.
Juan,un empleado de hostelería en paro, que está atrapado en una hipoteca que ha pasado a Anticipa, explica que desde el cambio le han pedido “tres veces toda la documentación” y que ha tenido ya supuestamente tres gestores distintos para su expediente. “Pero llamo y llamo al teléfono de contacto que me dan y nunca lo cogen”.
Anticipa dice contar con 120 gestores en sus oficinas de El Prat de Llobregat para afrontar las 40.000 carpetas que han asumido. Pero Mari Carmen también se queja: “Nadie de Anticipa me ha cogido nunca el teléfono”. “Imagino que el objetivo es machacarnos psicológicamente para que nos rindamos, pero esto es imposible: ¡Estamos en la PAH!”.
