La política del Gobierno actual está favoreciendo los planes de pensiones privados frente al sistema público
Por Chema de CNT-Ferrol
La realidad económica tiende a interpretase a partir de diferentes mantras. Uno de ellos es que el sistema público de pensiones no es sostenible debido al desequilibrio entre cotizantes a la seguridad social y ciudadanos con derecho a pensión. Se oculta que cualquier «reforma» o recorte obedece sobre todo a criterios políticos e ideológicos que suelen esconderse bajo razones tecnocráticas.
Recomendamos la lectura del documento «En defensa del sistema público de pensiones» suscrito por 24 economistas y juristas, entre ellos Héctor Illueca y Adoración Guzmán, quienes afirman que el gran objetivo de la reforma de las pensiones es que entidades financieras y aseguradoras se hagan con un botín de 100.000 millones de euros. No es de extrañar, que la degradación del sistema público de pensiones no haya dejado de estar entre los objetivos de los diferentes gobiernos durante las últimas décadas, desde que a mediados de los 80 el PSOE llevó a cabo la primera reforma y en épocas más recientes prolongó la edad de jubilación hasta los 67 años.
La prueba más concluyente es que, teniendo las reformas un periodo de maduración medible por décadas, cada unos cuantos años se manifiesta las necesidad de emprender nuevos recortes tomando siempre como pretexto el objetivo de garantizar su futuro. Según el informe de la Comisión Europea «The 2012 Ageing Report», el gasto en pensiones en España será, en el peor de los escenarios, del 14% del PIB en 2050, aproximadamente lo mismo que hoy en día gastan países como Austria, Francia (15%) o Italia (16%). Actualmente, España destina el 10% del PIB al sistema público de pensiones, mientras que la media de la Eurozona se sitúa en algo más del 12%.
SISTEMAS DE REPARTO Y CAPITALIZACIÓN
En el fondo lo que se plantea es una disyuntiva entre los sistemas de reparto y de capitalización. En el sistema de reparto, que es el que actualmente rige en el Estado español, las personas que cotizan a la seguridad social, son las que financian el sistema público de pensiones; existe una solidaridad intergeneracional que desaparece con el sistema de capitalización, en el que cada individuo gestiona su propio fondo de pensiones y asume un riesgo individual. Este último modelo se basa en la capacidad de ahorro de cada persona y, como no, da entrada a las entidades financieras y aseguradoras como mediadoras y que serán las grandes beneficiarias de este sistema.
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
El gran problema de este país es de distribución de la riqueza. El sistema público de pensiones podría financiarse mediante los presupuestos generales del estado, que podrían incrementar su dotación con una reforma fiscal progresiva. Sin embargo desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social llevan pronosticando la quiebra del sistema desde el año 1995, pero nunca acertaron. El problema no es de gasto, sino de dónde se obtienen los ingresos. Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente a partir de las cotizaciones sociales como ocurre actualmente, sino que son la totalidad de los recursos del Estado los que deberían hacer frente a los gastos del Estado, incluidas las pensiones públicas.
LA PRODUCTIVIDAD Y LA TASA DE ACTIVIDAD
La productividad es un factor decisivo en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Los recortadores de derechos siempre fundamentan sus propuestas en la relación trabajador/ pensionista. Como el número de trabajadores activos por pensionista irá disminuyendo —debido entre otras cosas a este lamentable y desgraciado avance en la esperanza de vida— los pensionistas tenderán a acumularse. Así ya le salen las cuentas a los grandes gurús financieros para pronosticar la quiebra del sistema público de pensiones en el año que más les convenga y proponer la disminución de las prestaciones. Pero lo que ocultan a sabiendas estos Think Tanks que tanto se preocupan por nuestra vejez, es que los trabajadores pueden producir, hoy en día, una cantidad de riqueza mucho mayor que antaño y así destinar más recursos a las pensiones públicas. Hace 50 años, el 30% de la población activa española trabajaba en el sector agrícola; actualmente lo hace poco más del 4%, pero este pequeño porcentaje produce más que el 30% anterior. Así, una economía creciendo moderadamente y generando un modesto nivel de empleo que vaya absorbiendo a los desempleados, con un aumento también moderado de la productividad de cada trabajador gracias al avance tecnológico, permitiría un crecimiento de la renta del país que podría dedicar un porcentaje de ella similar al actual para mantener el sistema público de pensiones sin tener que recortarlas. Es un error, por tanto, basar las argumentaciones en favor de la insostenibilidad del sistema público de pensiones, solo en la relación número de trabajadores/pensionistas.
Otro elemento de crítica que no tienen en cuenta los diferentes gobiernos es la tasa de actividad, ya que ello nos remite al problema del paro —actualmente superamos los seis millones de desempleados— y como causa de ello hay que señalar a las políticas de austeridad de la Troika —BCE, FMI y Comisión Europea— y la complicidad de los gobiernos con la misma, que están facilitando que el paro se desboque y disminuya con ello los cotizantes a la seguridad social. Por si fuera poco, el artículo 50 de nuestra Constitución, afirma que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Además, la Declaración Universal de los Derechos humanos, en su artículo 25 habla de reconocer a la tercera edad el derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar.
FONDO DE RESERVA DE LAS PENSIONES
El Fondo de reserva de las pensiones de la Seguridad Social, surge en el año 1997 como consecuencia del Pacto de Toledo. Su finalidad es establecer un fondo especial de estabilización y de reserva, para así poder mitigar los efectos de los ciclos económicos recesivos y de esta manera atender las necesidades del sistema de pensiones público. La actual gestión de este fondo de reserva, según una gran parte de la prensa nacional, es buena. Sin embargo, para la prensa internacional (Deutche Wirtchafts Nachwischten, The Wall Street Journal, Financial Times, Der Spiegel…) estamos ante uno de los mayores desfalcos de la historia de España. Actualmente algo más del 95% de los fondos de reserva del sistema de pensiones, unos 65.000 millones de euros, se han invertido en comprar deuda pública española. Es decir, el Estado español pone en el mercado deuda soberana, pero el único que la compra es el propio Estado español, que se adquiere a sí mismo la deuda que emite, usando para ello los fondos que garantizan las pensiones futuras de todos los españolitos.
Una suerte de esquizofrenia financiera por parte de los actuales gobernantes que puede llevar a la indigencia a los ciudadanos cuando estos por fin pasen a «mejor vida». Para evitar esto, el gobierno tiene que recortar en educación, sanidad y servicios sociales para así estar a bien con las agencias internacionales de calificación de la deuda soberana, detrás de las cuales hay capital privado —Standard and Poor's, Fichte y Moody's entre otras— y evitar que estas la degraden a la categoría de «bono basura», lo que condenaría a la marginalidad a los algo más de ocho millones de pensionistas.
Además, con el desmantelamiento del así llamado estado de bienestar, se permitirá la entrada de fondos buitres ávidos de carroña y que ya están acechando, a la espera que el cuerpo del enfermo dé los primeros síntomas de debilidad para abalanzarse sobre él. Aquí entra el Tratado de libre Comercio (TTPI) entre EE.UU. y Europa que favorecerá a los grandes fondos de inversión deseosos de sacar tajada de las miserias humanas. Resulta escandaloso, y no nos cansaremos de repetirlo, que prácticamente el único comprador es el propio Estado español, que se adquiere a sí mismo la deuda que emite, usando para ello los fondos que garantizan las pensiones futuras. A esto hay que añadir la eliminación de la cláusula de garantía del poder adquisitivo por una revalorización anual del ridículo 0,25%. El PP nos habla de que con este sistema se ahorrarán unos 33.000 millones en ocho años, pero sus cálculos tienen una trampa, ya que esa cifra se obtiene con una inflación anual del 1%. Sin embargo España nunca ha tenido una inflación tan baja. Así, desde el año 2000 al 2012 la inflación ha estado en torno al 3%. Si hacemos los cálculos con esa cifra, la cantidad que nos sale no será de 33.000, sino que superaría los 100.000 en ocho años, lo que conllevaría una pérdida del poder adquisitivo de nuestros mayores que rondaría el 22%, lo cual no solo es una barbaridad sino también una indecencia.
Publicado en PeriodicoCNT Abril 2015
