Josep Manuel Novoa comenta en este interesante artículo las soluciones que podrían existir a la hora de pagar o no el creciente número de hipotecas que se convierten en un problema real para muchas personas, todo ello ante la impasible desfachatez de bancos y cajas de ahorro que quieren cobrar los créditos que concedieron antes de la crísis.
VÍA JUDICIAL: La sentencia de la Audiencia de Navarra parecía que podía abrir un resquicio pero la jurisprudencia al respecto duró poco. Otra sentencia quince días después lo hizo en sentido contrario. El BBVA, que le había caído la primera sentencia se preocupó de que otro juez desmintiera al anterior. Habrá otras sentencias pero por esta vía no hay solución ni a largo plazo.
VÍA POLÍTICA: El Gobierno, ni loco, legislara a favor de los hipotecados ya que los balances contables de los bancos y cajas, al menos en teoría, se vería afectado con un mayor incremento de la insolvencia de las entidades financieras. Para disfrazar la situación les parece preferible mantener un deudor en el balance contable a pesar de que sea insolvente, o parcialmente insolvente y se le pueda embargar una parte del sueldo. Una injusticia que recae en quien peor lo está pasando pero disfraza el balance contable que es lo que realmente importa. El “Mercado”, en realidad los bancos internacionales, pueden estar tranquilos van a cobrar esta el último euro.
No vale la pena iniciar una campaña frente a las entidades financieras a pecho descubierto por muchas razones y argumentos que se puedan esgrimir. Con esta gente es imposible conseguir algo con la fuerza de la razón, solo entienden la razón de la fuerza. No me refiero a la fuerza bruta desproporcionada sino a la fuerza de hacerse oír, mediaticamente, lo que conlleva un cierto alboroto de ocupar e interrumpir el acceso a las oficinas principales de Bancos y Cajas, propuestas de retiradas de fondos, dificultar la operativa bancaria abriendo cuentas para que los activistas ingresen 10 céntimos: tienen que extender un recibo de ingreso por cada operación. Solicitudes de información por los impositores de las cajas de ahorros sobre la Obra Social, los compromisarios y mil preguntas por escrito a cada cual más comprometida. Crear un canal en Internet que aglutine toda la información de texto y video sobre la campaña, foros debates, lo que se quiera. En definitiva movilizar a la gente.
La “gente” es la clave, por lo tanto los afectados por la hipoteca, los de la cláusula del suelo como los citados anteriormente de la ejecución han de sumar. Han de sumar todos los afectados por los bancos¿Qué clase de democracia es esta que los “bancos” marcan la pauta a seguir? por la restricción de créditos, particulares, autónomos, pequeñas empresas, los seguros de créditos que han resultado un engaño. Sugiero que se aglutine bajo el epígrafe de Afectados por los bancos para abrir el abanico de gente afectada. La restricción de crédito se ha llevado por delante a miles de empresas y puestos de trabajo y todavía se va a llevar muchos más. La rebaja de los salarios de los funcionarios, trabajar más y cobrar menos y la parálisis de las pensiones, los recortes presupuestarios en educación y sanidad que el Gobierno receta para que los bancos internacionales, y también los nacionales, tengan garantía de cobro. Con este enfoque que afecta a todos los ciudadanos nos podemos hacer la pregunta:
Que razón hay para que el Gobierno entregue una millonada de euros a los bancos y que no se solucione los problemas de la gente que se ve abocada al paro, y lo peor, sin horizonte que se aprecie una solución. ¿Cómo sabemos que es cierto lo que dicen los bancos sobre las necesidades de fondos públicos? Se entrega el dinero –miles de millones- sin auditoría alguna y prácticamente en secreto. Los bancos tienen bancos paralelos donde esconden partidas que no refleja el balance contable. Todavía existen los paraísos fiscales y las autopistas de circulación del dinero controlada por los bancos.
¿Dónde está la reforma del capitalismo que se pronunció Sarkozy?, No hace falta extenderse más, estamos en la más dañina indefensión. Visto lo que antecede el adversario es demasiado poderoso para importunarle con alborotos. Se podía decir que son necesarios pero no suficiente, hay algo más que se puede hacer.
Este “algo más” tan solo es posible por la excepcionalidad del momento. El Gobierno ha decidido, por decirlo de la forma más simplificada posible, convertir las cajas de ahorros en bancos. Las cajas de ahorros como entidades financieras han estirado más el brazo que la manga por su ímpetu de crecer, sus préstamos han quedado convertidos en tochos y necesitan ampliar su capital social, sus recursos propios, para recomponer su balance contable. Esto no es posible dada la peculiaridad de estas instituciones. No pueden solicitar aportaciones a terceros para engrosar el capital como lo pueden hacer los bancos u otras sociedades mercantiles. Es ahí, el talón de Aquiles.
Como la situación es desesperada ya que los mercados internacionales de capital se han percatado que las cajas españolas están atrapadas, han cerrado el grifo de la financiación y han interrumpido la rueda que les daba oxigeno. Por lo que el Gobierno ha tirado, en mi opinión, por un atajo. Veamos cual. Ningún texto legal en vigor define con precisión qué es una caja de ahorros. De esta indefinición se cuidaron, muy mucho, la clase política que las ha controlado: querían parecerse a un banco pero no querían a nadie extraño en el consejo de administración. Por una cosa o por otra, esta es una de las innumerables lagunas que presenta la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro –la LORCA, Ley 31/85 de 31 de agosto-, y para encontrar una definición más depurada debemos de acudir a la sentencia del Tribunal Constitucional 49/88 que las tacha de “fundaciones de carácter muy peculiar, en las que domina su condición de entidades financieras”.
Una de las características que indican más claramente este “carácter muy peculiar” es la titularidad. Lo que, con las leyes en la mano, resulta obvio, es que este tipo de entidades, a diferencia de los bancos o cualquier sociedad anónima al uso, no son propiedad de sus accionistas, porque no existen como tales. A partir de aquí, nos adentramos en un enmarañado mapa de titularidad compartida en el que intervienen diversos sectores, públicos y privados. Según la LORCA, la administración, gestión y representación y control de las cajas se ejecutará en tres organismos: la Asamblea General, el Consejo de Administración, y la Comisión de Control. De los tres, la Asamblea General es el que aúna la representación de todos los sectores que intervienen en la titularidad de la caja y desde donde se ejerce su gobierno efectivo.
Ahora llegamos al punto donde quería llegar. La Asamblea General deberá estar integrada por entre 60 y 160 componentes, aunque lo más importante es el porcentaje de representación que ostentan en la Asamblea los distintos grupos que detentan la titularidad de la caja: un 44 % corresponde a los impositores; otro 40 % para las corporaciones municipales de cada ámbito; un 11 % para la entidad o entidades fundadoras; y un 5 % para los empleados. Cabe añadir que, además de la Ley estatal sobre cajas de ahorro, la mayoría de Comunidades Autónomas tienen legislación propia al respecto.
Y si la representación institucional en las cajas se ha revelado un recurso fabuloso para llevar a cabo más de una actuación corrupta, otro tanto puede afirmarse de la presencia, casi siempre anecdótica, de la representación de los impositores en los organismos gestores de las cajas de ahorro. Pues lo cierto es que, a pesar que la ley prevé la forma en que deben de llevarse a cabo las elecciones a representantes de los impositores en las asambleas generales, lo cierto es que en la gran mayoría éstos llegan marcados por la escasa transparencia y el anonimato de los candidatos, cuando no ya a la corrupción y al compadreo flagrante.
En realidad, los clientes de las cajas casi nunca conocen –con nombres y apellidos- quiénes son sus representantes ante la asamblea de la entidad, dónde y a que hora encontrarles para formular sus quejas o indagar al respecto alguna información imparcial sobre los mecanismos de funcionamiento de la caja. Es más, la mayoría de clientes desconocen incluso cuando tienen lugar estos procesos de elección de representantes. Es así porque en la gran mayoría de casos esas personas son anónimas, manipuladas por los órganos directivos de la caja, con escaso conocimiento de la entidad y sus reglas de juego, y cuya presencia sólo responde al hecho de pagar oscuros favores, lo que hacen con su voto afirmativo, ciego y acrítico, a todo lo que designa la dirección de la cajas de ahorros.
Estos equipos directivos, con el apoyo de los grupos políticos y con el amparo de la ley, han hecho siempre todo lo posible para evitar la concurrencia en la elección de representantes de asociaciones de consumidores u otros grupos de clientes organizados, o que cuenten con personas suficientemente preparadas para ejercer la defensa real de los intereses de los clientes. Para conseguir colocar en las asambleas solamente a aquellos representantes que les resulten cómodos, las direcciones de las cajas se valen de un sinfín de mecanismos que se traducen en la manipulación efectiva de todo el proceso electoral: empezando por la ocultación de las listas de compromisarios (elegidos teóricamente por sorteo) por parte de la comisión electoral y la dirección de la caja, que dispone así de una información privilegiada; la orquestación de falsas elecciones primarias en las sucursales claramente manipuladas por los respectivos directores; o el aislamiento, durante el día de las elecciones y los días precedentes, de los comisarios con derecho a voto, a los cuales se les entregan las papeletas y se les traslada al lugar consignado para el acto sólo momentos antes de hacer efectiva la votación.
Se trata, en suma, de una conjunción de pequeñas artimañas que acaban por conseguir su finalidad: colocar en los puestos de decisión a personas afines a los intereses de la dirección y eliminar todo atisbo de democracia en la forma en la que se rigen. Sin duda alguna, la elección y voto de los compromisarios en representación de los impositores es el Talón de Aquiles de las cajas de ahorros. Es ahí, donde las asociaciones de consumidores, las asociaciones de vecinos, los chafados y vilipendiados por las instituciones financieras, los deudores perpetuos, los atrapados por las cláusulas de suelo, la gente con inquietud de una justicia equitativa, y las buenas gentes tienen su bomba atómica particular: Exigir a las cajas de ahorro un proceso de selección de compromisarios, en representación de los impositores, conforme a la legislación vigente. Esta sola exigencia, en estos momentos, les tiene que poner de los nervios. Veamos ahora, la excepcionalidad del momento actual que proporciona una opción viable.
Para seguir la pauta marcada por el Gobierno y el Banco de España y reconvertirse en banco, con accionistas y acciones, deben de supeditarse a la legalidad de sus propios estatutos y de la ley. El Consejo de Administración de una caja puede hacer una propuesta, siguiendo las directrices del Banco de España, de desglosar sus activos y pasivos y constituir una sociedad mercantil a imagen y semejanza de cualquier institución bancaria al uso. Pero tendrá que ser la Asamblea General que lo apruebe. Una decisión tan radical y trascendente no se podrá, en esta ocasión, aplicar las artimañas que hasta ahora se han practicado en la selección de compromisarios que nadie conoce quienes son, ni tan siquiera si realmente existen o son una invención que asegura el 44 % de los votos.
Un movimiento o plataforma organizada que vele por los intereses de los impositores podría ser capaz de pactar, negociar, o forzar a cambio de transigir la conversión en bancos de las cajas de ahorro (desde la posición de compromisario) siempre y cuando se modifiquen posturas como puede ser: la entrega del bien que garantiza el préstamo hipotecario cancele la deuda, y además, que se eliminen las cláusulas suelo –por cierto, sobre estas cláusulas tengo un comentario que lo dejo para el final- como premisas de obligado cumplimiento por estas entidades.
Todavía hay otro punto a considerar. De facto, los impositores de las cajas de ahorros son los titulares de los fondos propios de la entidad. Parece lógico pensar que como titular de una parte alícuota de una caja de ahorros, si esta reconvierte, aunque sea parcialmente, el capital en acciones tiene derecho a una suscripción preferente. Dicho de otra manera, creo que hay alguna razón, jurídica, en reivindicar que el cambio de estatus de una caja de ahorros por vía de la ampliación de capital en la creación de un banco, y más teniendo en cuenta que los activos y pasivos provienen de la caja que es titular, tiene derecho a que se le ofrezcan las nuevas acciones con carácter preferente. Al impositor que no quiera concurrir a la ampliación de capital que se le reconozca que puede vender su derecho de suscripción como se hace comúnmente en las sociedades mercantiles.
Por último, una consideración sobre las cláusulas suelo. Me llama la atención que toda esta avalancha de medidas ahorrativas que el Gobierno ha puesto en práctica, y que muchas son el chocolate del loro, ninguna medida se ha tomado sobre las cláusulas suelo y que confirma que esta postura es la enésima subvención encubierta a los bancos y cajas de ahorro. Me explico, creo que fue en noviembre de 2009 que el Senado en bloque, instó al Gobierno a eliminar la Cláusula de suelo de las hipotecas. La iniciativa aprobada en el Senado exige el cumplimiento del texto refundido de la Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre), que establece la exclusión de cláusulas abusivas.
Tiempo ha tenido el Gobierno, desde entonces, para eliminar esta cláusula por instancia en bloque del Senado. Ni por estas. De todas formas, el argumento esgrimido por los senadores no es el adecuado. Aparentemente, puede parecer que esta imposición, colada a traición, a los suscriptores de un préstamo hipotecario les corresponda esta ley de defensa de los consumidores. Pero existe una razón todavía más poderosa: los intereses de los préstamos hipotecarios son deducibles de la declaración de renta (a primeros de este año han dejado de ser deducibles las nuevas compras) lo que representa una billonada de posibles deducciones fiscales. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo se les permite a los bancos y cajas de ahorro fijar impositivamente un incremento, cada uno a su libre albedrío, del tipo de interés en los préstamos hipotecarios si estos son deducibles de la declaración de renta?; ¿Cuántos millones de euros ingresan los bancos por esta subvención encubierta si al final acaba repercutiendo en las arcas del Estado?. Este si es el argumento preciso: el despilfarro de los fondos públicos sobre la banca.
