Hay cosas que son mutuamente incompatibles. No puede uno hacerlas al mismo tiempo. Por ejemplo:decir que las huelgas no sirven para nada y acusarlas de todos los males sufridos por la ciudadanía a lo largo del año 2012.
Algo así es lo que hacen las supuestas estadísticas de la Comunidad de Madrid. Un informe de la misma, nunca encontrado (es decir, que se ha negado a enviar a este periódico) afirma que por el efecto conjunto de huelgas y manifestaciones –y se hace especial mención al paro de los trabajadores del Metro– se han perdido en la Comunidad 23.000 puestos de trabajo. Sin ellas, se nos cuenta, el PIB de la región habría mejorado entre cuatro y nueve décimas.
Pongamos por caso que los trabajadores no durmieran. Pongamos por caso que no hubiera que respetar su derecho fundamental a la vida o a la libre sindicación, o a la tutela judicial efectiva (¡uf!, creo que últimamente estamos poniendo el caso). Pongamos por caso que no existieran todos esos anticuados e incómodos derechos. Y hagamos un informe. Eso sí, un informe invisible, imposible de someter a contradicción, secreto en cuanto a su metodología y autoría, pero muy publicitado en cuanto a sus muy oportunas conclusiones. Estoy seguro de que en ese hipotético caso el PIB madrileño crecería acusadamente. Aunque, a lo mejor, el problema no es tanto si crece, sino quién se lo apropia y qué hace con él.
Estamos hablando de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido. La principal herramienta que la clase trabajadora ha utilizado históricamente para oponerse a su sometimiento.Acusar del paro a la huelga es como acusar a Rosa Parks de que el racismo siga existiendo en Estados Unidos.Si elimináramos las restricciones a la duración de la jornada laboral conquistadas por décadas, si no siglos, de huelgas y manifestaciones. ¿Cuántos empleos se perderían al hacer esa simple operación?
Porque, en todo caso, si vamos a hacer las cuentas,deberíamos anotar también los miles de puestos de trabajo que se han obtenido en las últimas décadas como condición impuesta por los trabajadores para finalizar una huelga (una pista: en el Metro de Madrid ha ocurrido varias veces); o podríamos ponernos a imaginar qué pasaría si elimináramos las restricciones a la duración de la jornada laboral conquistadas por décadas, si no siglos, de huelgas y manifestaciones. ¿Cuántos empleos se perderían al hacer esa simple operación? Por no hablar de los salarios: ¿cuánto pequeño empresario quebraría si la demanda agregada de este país cayera bajo los límites que nos quiere imponer la oligarquía transnacional que de facto nos gobierna?
El nombre de la disidencia
Repensemos las cosas: los derechos son el producto de las luchas sociales, la solidificación normativa de enfrentamientos reales y concretos, la proclamación de un statu quo más o menos precario por parte de un poder que quiere legitimarse a costa de ceder lo imprescindible.
Pero lo que determina “lo imprescindible” a estos efectos es el efectivo ejercicio de la presión ciudadana. Si la clase trabajadora quiere derechos, tiene que luchar. Si la ciudadanía quiere garantías democráticas, tiene que defenderlas. Y la manera más clara y simple de derrotar a ambas en esa lucha es eliminar toda posibilidad de disidencia.
La disidencia en las calles se llama manifestación. La disidencia en el aparato productivo se llama huelga. Estamos buscando más maneras, pero éstas son irrenunciables.
Además, seamos claros: la insistencia en este intento coordinado (nadie pensará que publicitar este “informe” es un hecho aislado) de demoler el núcleo esencial de las libertades cívicas nos ilumina respecto a la profundidad de la apuesta actual de las clases dirigentes. Lo quieren todo, y lo quieren ahora.
Buscan, por supuesto, la quiebra del Estado del bienestar implantado como resultado del Pacto Social fordista, pero también, y hay que tenerlo presente, el arrumbamiento de la totalidad de la arquitectura jurídica que da apariencia de civilidad y democracia a nuestro mundo político.Se han embarcado en un radical proceso constituyente hacia una sociedad sin huelgas, sin manifestaciones, sin disidencias, sin derechos ni esperanzas
Se han embarcado en un radical proceso constituyente hacia una sociedad sin huelgas, sin manifestaciones, sin disidencias, sin derechos ni esperanzas para los más.
La respuesta que nos incumbe es evidente: defender, ejercitar, extender la huelga, la manifestación, la protesta cívica, es apostar por el núcleo mismo de ese otro proyecto de civilización que también está ahora mismo iniciando su propio proceso constituyente, y que se sustenta en los valores de la libertad, la igualdad y la ternura activa.
JOSÉ LUIS CARRETERO. Es profesor de Derecho del Trabajo.
